El debate sobre el 82% móvil ha vuelto a instalar en la agenda pública el conflicto entre la equidad del sistema previsional y la solvencia fiscal. Es claro que, no obstante los sucesivos aumentos, y la significativa mejora del haber mínimo en términos reales (85,5% en 2003-2009), en la gran mayoría de los casos las jubilaciones continúa siendo muy bajas. El haber promedio es de $1.157 y el 72,5% sólo cobra el mínimo de $895.

Igualmente significativo para este debate, la relación entre el haber mínimo y el salario mínimo (que establece el piso para los trabajadores en actividad) muestra una tendencia decreciente. Desde comienzos de 2007 la disminución fue cercana a 7 puntos porcentuales.

El haber medio, por su parte, también observa una tendencia decreciente respecto de la remuneración promedio de los asalariados registrados (que son los que aportan) En el segundo semestre del año pasado esa relación fue de apenas 31%, casi tres puntos y medio menos que en el primer semestre de 2007. Esta pérdida de los ingresos de los jubilados relativa a la de los activos –que, debe reiterarse, no es inconsistente con una mejora en términos reales con excepción de los meses recientes- se debe a dos factores:

Por una parte, el salario mínimo creció más rápido que el haber mínimo: 19,7% vs. 16,2% anual entre comienzos de 2007 y lo que va de 2010.

Por la otra, la gran incorporación de jubilados por la moratoria previsional (1,8 millones de personas) cobrando el haber mínimo, acentuó el achatamiento de la pirámide, que comenzó con el congelamiento de las jubilaciones superiores al mínimo entre 2003 y 2006. 

En otros términos, la política previsional se inclinó por la extensión de la cobertura de la población en edad de jubilarse, y la recuperación del haber mínimo, desvinculándolo de la evolución de los salarios (incluido el mínimo vital) de los trabajadores activos. 

La lógica de esta política previsional es redistributiva. Los aumentos diferenciados de haberes y la incorporación masiva de personas en edad de jubilarse que no habían completado sus aportes, o que no lo habían hecho nunca, parecen focalizados en favor de los sectores de menores ingresos. Vale la pena examinar en que medida se logró este propósito.

La extensión de la cobertura previsional ha sido claramente exitosa. Entre 2006 y 2008, la proporción de jubilados respecto de la población en edad de jubilarse aumentó alrededor de 20 puntos porcentuales, hasta 82%.
No obstante, una desagregación de la ampliación de la cobertura en el período sugiere que la moratoria no benefició mayoritariamente a los más pobres sino a los sectores medios. En efecto, la distribución del aumento en el número de jubilados por deciles de hogares ordenados según el ingreso per capita familiar, muestra que menos de un tercio pertenece a hogares de ingresos bajos. Los estratos más beneficiados son el medio-bajo y medio-medio, que concentran más de la mitad de los nuevos jubilados.

La evidencia complementaria revela que, aún habiendo aumentado mucho la cobertura previsional de la población en edad de jubilarse (30 puntos porcentuales de mejora entre 2006 y 2008), los hogares de bajos ingresos reúnen sólo la quinta parte del total de los jubilados. Esto es un crecimiento de 3 puntos respecto de la situación previa. Los sectores medios (excluidos los medio-altos) duplican esa proporción.

Esto se debe, en parte, a que aún con el fuerte aumento de cobertura resultante de la moratoria, la proporción de jubilados (en edad de jubilarse) sobre la población en edad de jubilarse, continúa siendo bastante menor en los sectores de ingresos bajos que en los de ingresos medios o altos (70% en los primeros vs un promedio de 85% en el resto).

La razón más importante, sin embargo, tiene que ver con el perfil demográfico de los hogares. Así como los hogares pobres albergan una mayor cantidad de niños (lo que hace que sean los que más se benefician con la asignación universal por hijo), en su composición hay una proporción menor de personas en edad de jubilarse (7% vs 16% en el resto).

Esta distinta composición demográfica explica en medida significativa por qué, con una expansión de la cobertura de la población en edad de jubilarse sensiblemente mayor que el promedio (incluido los sectores medios) después de la moratoria el porcentaje de jubilados en la población total de los hogares pobres sea tanto más bajo que en el resto (6,2% vs 14,3%).

De este examen, no resulta difícil colegir que el esfuerzo financiero de haber extendido en 30% la cobertura poblacional del sistema previsional (unos $21.300 millones en 2010) no ha tenido un gran efecto redistributivo hacia los más pobres. La ganancia de estos hogares en la distribución de la masa de haberes no llega a 2 puntos porcentuales. Su participación es ahora de 12%. Los que más ganaron son los sectores medio-bajo y medio-medio, que aumentaron su participación en casi 4 puntos, a 31% del total.

Desde luego, estos cambios son progresivos respecto de la distribución anterior, pero la pregunta es si no podrían haberse logrado mejores resultados con una focalización social de la moratoria. Si, en efecto, ésta hubiera estado dirigida a los miembros mayores de los hogares pobres, el esfuerzo financiero hubiera sido hasta dos tercios menor que el que se está llevando a cabo.

El excedente, unos $15.000 millones, es casi lo que se necesita para llevar el haber mínimo al 82% del salario mínimo vital.

Extraído del informe de SEL Consultores - Julio 2010. 

Ernesto Kritz es economista especializado en temas socio-laborales. Director de SEL Consultores.