Dicen que los argentinos tenemos la mayor cantidad de psicólogos y psiquiatras por habitantes del mundo. No sé si es cierto, pero he llegado a la conclusión de que los necesitamos. A fines de la década de los '80 terminó por estallar el sistema previsional de reparto estatal vigente. Luego de que los distintos gobiernos se gastaran la plata de los aportantes, regalaran jubilaciones a quienes no aportaron y bicicletas y otras dádivas demagógicas a la población en general. En 2007 se declaró una moratoria por la que más de un millón de personas cobrarán jubilaciones sin haber hecho los aportes correspondientes. Actualmente, con la plata de la ANSES, se regalan decodificadores digitales y laptops.

También, con dichos recursos que deberían financiar las futuras pasividades, se pagan las asignaciones universales para la niñez, en vez de hacerlo con rentas generales. La historia se repite y los argentinos aceptamos relajadamente que, a fines de 2008, el gobierno y la mayoría de los legisladores nos obligaran a pasarnos al sistema de reparto estatal y confiscaran nuestros ahorros acumulados en los fondos de pensión. Cabe aclarar que hicieron esto a pesar de que, un año antes, nos dieron la opción de hacerlo voluntariamente y los aportantes a las AFJPs nos negamos a cambiarnos de sistema.

En 1989, entró en crisis el modelo de financiar el gasto público con impuesto inflacionario. La historia tuvo un final a toda hiperinflación. Hoy, volvemos a admitir que el gobierno despilfarre a costa de un creciente impuesto inflacionario. La expectativa de suba de precios es creciente; lo mismo que la desconfianza en la moneda local.

También, a fines de los '80, entró en crisis el sistema de prestaciones de servicios públicos. Había cortes programados de luz cada tres horas. No llegaba gas suficiente a los domicilios. Para tener un teléfono había que pagarlo por adelantado durante dos años y rezar para que, luego, nos lo pusieran. Podríamos continuar con la lista; pero lo importante es que terminamos aprendiendo que las empresas estatales no son de los argentinos. Son de los políticos que las administran, de los sindicatos y de los trabajadores de dichas compañías. A los argentinos nos quedaba pagar la fiesta que ellos disfrutaban y que generaban cuantiosas pérdidas. Sin embargo, hoy volvemos a estatizar empresas de servicios públicos y otras compañías privadas.

Sin duda, los argentinos necesitamos que nos traten de alguna enfermedad siquiátrica que nos impide aprender de las experiencias del pasado y no repetir los desastrosos errores que cometimos.

Aldo Abram es economista. Director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)