Luego de un comienzo altamente auspicioso del año 2010, los últimos datos relevados por el Centro de Estudios Económicos de la Fundación Global comienzan a mostrar luces amarillas. Claramente, la recesión de año anterior ha sido superada y  el consumo muestra un andar más sólido, pero la inflación y el dinamismo acotado del mercado de trabajo son aspectos que generan dudas.

A nivel inflacionario, en el segundo trimestre del año se ha observado una evidente aceleración, con subas promedio cercanas al 20% en Mar del Plata y la región. Aunque en alguna medida estos mayores precios se han vinculado al repunte genuino de la demanda, la explicación de fondo de encuentra en la política monetaria expansiva seguida por el Banco Central, que ha incrementando la circulación de monedas en un promedio de 21% en los primeros cinco meses del año. Se trata de un estándar alto desde cualquier ángulo de análisis.

Este tipo de políticas, si bien pueden resultar estimulantes a corto plazo, son insostenibles en el tiempo debido a su claro sesgo inflacionario que tarde o temprano da lugar a distorsiones e incertidumbre económica. Un ejemplo es el descalce generado por las elevadas presiones para incrementar salarios, que en el caso del sector alimentación alcanzó un nivel de 35% en mayo pasado. Este panorama, en combinación con una legislación laboral rígida, induce a los empresarios a reducir al mínimo posible la toma de nuevo personal, como una forma de reducir riesgos asociados a estas relaciones.

En forma inminente, el gobierno nacional deberá decidir entre disminuir este ritmo de expansión monetaria o ir hacia una devaluación del peso. Cabe aclarar que esta última opción resulta riesgosa, dado que tal como enseña la historia argentina los efectos de una depreciación no son enteramente controlables y podría dar lugar a un escenario de mayor inflación y desconfianza generalizada.

En una mirada de plazo más largo, se necesitan mensajes claros que aseguren que la economía dejará de estar sometida a la discrecionalidad estatal, brindándose así un marco de reglas estables. En primer lugar, se requiere poner un límite al crecimiento del gasto público, que continúa moviéndose a una tasa superior a la de los ingresos. Esto ha hecho que, de acuerdo al último informe económico del IAEF, en el primer cuatrimestre del año el resultado financiero del sector público nacional arrojara un déficit de 7.300 millones de pesos al excluir los ingresos por utilidades del BCRA y las participaciones del Tesoro en la ANSES. 

Aunque en tiempos recientes la buena performance del sector agropecuario ha constituido un alivio para las cuentas públicas debido a su fuerte aporte de fondos a través de las retenciones (que en mayo crecieron un 47% en términos anuales), resulta claro que no puede cargarse indefinidamente a un sólo sector económico con el peso del equilibrio fiscal.

En definitiva, la actual situación de incremento de la actividad y de la recaudación no debería llevar a la conclusión errónea de que puede convivirse a largo plazo con un gasto público y una inflación creciendo a tasas elevadas. Se trata en ambos casos de tendencias distorsivas que deberían ser abordadas en forma urgente para asegurar un ambiente económico saludable en forma sostenida. A diferencia de lo que generalmente ha sucedido en Argentina, esto debería hacerse ahora, cuando soplan vientos favorables.

Martín Juno es Director del Centro de Estudios Económicos de la Fundación Global.