El oficialismo ha logrado evitar que su poder se siga deteriorando. El éxito más importante ha sido aislar al documento de la Iglesia sobre la pobreza. Para consensuar el mismo, el Episcopado había convocado a las dos centrales sindicales y a las entidades empresarias. La CGT, liderada por Hugo Moyano, y la Asociación de Bancos Argentinos fueron las primeras entidades que respondieron al pedido del Gobierno para no acompañar a la Iglesia, siguiendo la UIA por la misma causa y la central sindical combativa (CTA) lo hizo por razones ideológicas. Este documento -la pobreza real supera el 30% y la oficial no alcanza al 14% por la distorsión en la medición de inflación del INDEC- se podía convertir en un punto de referencia para la oposición política, empresaria, sindical y mediática. La CGT disidente de Luis Barrionuevo, el grupo denominados Los Gordos en el sindicalismo y la Comisión de Enlace de las entidades del campo -Buzzi y Biolcati han dicho que vuelven las medidas de fuerza en el sector- fueron quienes, en lo sindical y empresario, apoyaron la iniciativa de la Iglesia, que igualmente dará a conocer su documento y cuyas relaciones con el kirchnerismo no son buenas desde hace años.  

Es así  como el kirchnerismo la semana pasada logró paralizar el Congreso una vez más, pero sobre números muy precarios. En Diputados, el Presidente de la Cámara (Fellner), que es kirchnerista, recurrió a determinar que no se había reunido el quórum, a solo 15 minutos de haber convocado la sesión y cuando estaban reunidos 118 diputados opositores, que pocos minutos después llegaron a ser 133, 4 más que el quórum, para tratar la anulación del DNU sobre el uso de reservas del 1 de marzo. En Senadores, la oposición reunió 36 senadores y le faltó sólo uno -Menem- para poder sesionar y tratar la reforma del impuesto al cheque y el acuerdo para la nueva Presidente del Banco Central. Esta semana, la oposición intentó sesionar nuevamente, teniendo posibilidades de reunir el quórum en ambas cámaras.  

Por eso en Diputados, la oposición logró votar el rechazo por nulidad del DNU 298 (1 de marzo), sobre el uso de reservas para pagar deuda, por 140 votos a favor, 93 en contra y 6 abstenciones. En el caso del Senado, la oposición está dispuesta a votar a favor del oficialismo el acuerdo para la Presidencia del Banco Central y dar media sanción al impuesto al cheque al mismo tiempo, en contra del oficialismo, para romper así la parálisis parlamentaria y mostrar una postura equilibrada. Pero es nuevamente Néstor Kirchner, redoblando la apuesta, quien prefiere que no se apruebe ninguno de los dos proyectos. Es que Marcó del Pont está ejerciendo de hecho como titular del Banco Central y el lunes 5 realizó el primer pago de deuda con reservas, y la media sanción del impuesto al cheque puede profundizar el conflicto con los gobernadores por la distribución de fondos. 

Pero el Ejecutivo ha pasado de una actitud ofensiva a una defensiva. Hasta el 10 de diciembre, el Congreso era llamado la escribanía del oficialismo, porque aprobaba sin discusión cualquier iniciativa del Ejecutivo. En lo sectorial, era quien convocaba o no convocaba tanto al diálogo sectorial como al político. En cambio, ahora se trata de impedir que avancen las iniciativas ajenas. En Diputados, la oposición ya logró el despacho de Comisión para establecer que sean las dos cámaras del Congreso, y no sólo una, las necesarias para aprobar los DNU. En la Justicia, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo comienza a analizar esta semana la apelación contra el fallo que declaró no válida la constitución de la Comisión Bicameral que convalida los DNU. También avanzan los dictámenes de Comisión para reformar el Consejo de la Magistratura y quitar al Ejecutivo el poder de veto que tiene dentro del mismo. El oficialismo ha respondido a través del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, defendiendo la actual composición y respaldando el proyecto de tomar examen a los jueces, por considerarlos un poder aristocratizante. Las causas de corrupción en la Justicia se siguen multiplicando, y un segundo juez federal (Bonadío) analiza procesar al secretario de Transporte (Jaime), ya procesado por otro (Oyarbide). A la renuncia de dos secretarios privados de Cristina Kirchner -procesados por enriquecimiento ilícito-, se agregan las denuncias contra los otros dos, al haber multiplicado su patrimonio 45 veces uno y 78 el otro. Pero el oficialismo, al mismo tiempo, impulsa el procesamiento de Mauricio Macri en la causa por las escuchas ilegales -que también lleva el juez Oyarbide- y sigue impulsando diversas acciones contra el grupo Clarín y el diario La Nación.