En noviembre de 2008 se reformó el sistema de jubilaciones y pensiones. El régimen de capitalización fue eliminado, y sus recursos transferidos al régimen de reparto. Se esperaba con esto, despejar la imprevisibilidad de un sistema de riesgo, sustituyéndolo por uno solidario. En los fundamentos del proyecto de ley, se señalaba, que “es necesaria la existencia de un solo régimen previsional, el que no puede edificarse sobre la base de una actividad intrínsecamente riesgosa como es el mercado de capitales”… “el sistema previsional requiere más certezas que interrogantes y el Estado debe tener un rol activo en la seguridad social, con la convicción de que es posible una buena administración de los recursos públicos y una gestión estatal eficiente y eficaz”.

Esa eficacia debería traducirse en una mejora de los haberes jubilatorios, no sólo por razones conceptuales como las señaladas en el proyecto –desde luego siempre debatibles- sino, al menos y quizás sobre todo, por el aumento del flujo de ingresos del régimen de reparto resultante de la eliminación de las AFJP.

El poder adquisitivo de los haberes mejoró en 2009. El aumento nominal fue de casi 20% que, deflactado por las estimaciones privadas de inflación (en este caso el IPC-City) arroja un incremento real de 4.4%. En 2008 había sufrido una pérdida de 2.2%.

Vale la pena señalar, empero, que, en parte como resultado de los aportes que antes recibían las AFJP, los recursos contributivos de la seguridad social crecieron 23.8% (vs. 4.6% de aumento de los ingresos públicos por impuestos y derechos de aduana). Si los haberes jubilatorios hubieran aumentado en esa misma proporción, la mejora real hubiera sido de 7.8%.

La prueba más significativa de la eficacia de la reforma, sin embargo, es la relación de los haberes jubilatorios con las remuneraciones de los asalariados registrados, esto es los que aportan a la seguridad social. Esa relación, actualmente de 31% (es decir, menos de un tercio de lo que gana un activo aportante) no ha mejorado con la unificación del sistema previsional bajo el régimen de reparto; de hecho, es un punto más baja que en el año previo a la reforma. Más aún, continúa la tendencia decreciente que comenzó en 2003, luego de la salida de la crisis. Desde entonces, no obstante 17 aumentos de beneficios previsionales dispuestos por el Poder Ejecutivo y el otorgamiento de subsidios por parte del PAMI, la relación de los haberes de los jubilados con los salarios de los trabajadores registrados, acumula una caída de 7 puntos porcentuales. No hay indicios de que la unificación bajo el régimen de reparto modifique esta tendencia.

El deterioro de la relación entre las jubilaciones y los salarios de los activos es, en una medida no menor, un resultado de la política de ingresos. El haber mínimo, que es percibido por el 76% de los jubilados -y por ende es determinante principal del haber medio- la mayoría de las veces se ajusta por debajo del salario mínimo, vital y móvil, que establece el piso de las remuneraciones de los asalariados. Desde 2003, el cociente entre ambos instrumentos de la política de ingresos cayó 19 puntos porcentuales, y en 2009, luego de la entrada en vigencia de la unificación del régimen previsional, la baja fue de 3 puntos. Esta reforma, y como se ve la política de ingresos, no parece cumplir hasta ahora con los objetivos redistributivos con los que se sustentó la eliminación del régimen de capitalización.

Ernesto Kritz es economista especializado en temas socio-laborales y Director de SEL Consultores.