La inflación de enero ha sido la más alta en ese mes desde 1992, superando el 2%. La de febrero ya tendría un piso de 1,5%. En alimentos -fundamental para determinar el nivel de pobreza e indigencia- puede ser el doble. Es claro que la inflación en Argentina hoy tiene un nivel creciente.  

La verdadera inflación es la mencionada y es más del doble de la inflación oficial, que elabora y difunde el Instituto de Estadísticas de la Argentina (INDEC).  

Pero en economía, las expectativas son relevantes para determinar el futuro y estas son de una inflación creciente por varias razones. La primera es que el gasto público está aumentando. En 2009 creció 30%. Ello es 22 puntos más que la inflación oficial y 14 más que la real. En el primer bimestre del año continúa incrementándose. La segunda es que hacia fines del 2009 -como en el resto del mundo- la economía comenzó a reactivarse. La tercera es la incertidumbre que ha generado la crisis desatada por el uso de las reservas para pagar deuda y eventualmente el gasto y la destitución del Presidente del Banco Central. Esta crisis ha generado incertidumbre y precipitado decisiones económicas.  

La principal responsabilidad en esta situación es del Gobierno, por el mencionado aumento del gasto y por la incertidumbre que generó con la crisis del Banco Central. 

En este marco, la inflación es la mayor amenaza para el modelo económico y social del Gobierno y por ende también para el político. Pero el oficialismo no lo ve así y prefiere repetir la receta que le resultó exitosa entre 2003 y 2007: tomar el riesgo de mayor inflación para tener más crecimiento.  

Pero la tensión social está aumentando. Los gremios están comenzando a pedir 25% de aumento y un gremio que se alinea con Moyano, como el de la carne, ya reclama 30%.  

Pero el problema social central son los reempleados y los indigentes, cuya situación se torna crítica si el precio de los alimentos sigue subiendo. El mismo líder piquetero oficialista, Luis D'Elía, dijo públicamente el 9 de febrero -y lo reiteró al día siguiente- que si no se distribuye más ayuda mediante dinero, en marzo el Gobierno tendrá entre 70.000 y 80.000 personas en las calles reclamándolo.  

Lo dijo denunciando que los puestos de trabajo-subsidios del Plan Argentina Trabajo, que implican 1300 pesos mensuales para quien lo recibe -una cuarta parte de los trabajadores formales no llegan a cobrar esa cifra y no llegan a ella más de la mitad de los informales- están siendo distribuidos por los intendentes justicialistas del Gran Buenos Aires.  

Este programa originalmente incluía 100.000 puestos de trabajo y ahora ya se distribuyen 128.000 y es probable que se sigan incrementándose por la triple demanda de piqueteros oficialistas, como D'Elía, piqueteros antikirchneristas y de punteros justicialistas del conurbano.    

Hay una fuerte relación entre la inflación y el gasto, sobre todo ahora, que el Gobierno ha perdido el superávit fiscal que tuvo hasta 2008.  

El Gobierno debería disminuir el incremento del gasto, pero prefiere aumentarlo a costa de incrementar el déficit y el endeudamiento. Es un camino que en la Argentina ha fracasado más de una vez en las últimas décadas, pero se insiste en transitarlo, aunque la historia contemporánea es elocuente en cuanto a su fracaso. 

Pero el mayor riesgo de la inflación, es el social. Con un nivel de pobreza por encima del 30% y un desempleo que supera el 10% -cifras reales, no las oficiales-, un brote inflacionario puede generar fuertes tensiones sociales. 

Es en este marco que el incremento de la inflación tiene una consecuencia política: debilita, e incluso puede poner en crisis, la alianza del oficialismo con sus dos pilares para  mantener la calle bajo control: D'Elía y Moyano.  

Cuando el Gobierno está redoblando la apuesta contra los medios, el campo, la Iglesia, la industria y la Justicia, la inflación amenaza lo que parecía ser su apoyatura más importante: los sindicatos y los piqueteros oficialistas.

Rosendo Fraga es analista político. Director de Nueva Mayoría.