Otra de las consecuencias negativas que habrá que atribuirle a la década del 90 es haber ensombrecido el debate sobre algunos temas vitales para un país moderno, como es por ejemplo, el tamaño y funcionamiento del estado.

Podríamos decir, que en la Argentina de hoy, “de eso no se habla”. Y deberíamos hacerlo, porque este es un debate presente en casi todas las sociedades que se desarrollan. No es nuestro caso, a pesar de que hay tela para cortar. Y mucha.

Los datos son impactantes, entre el 2000 y el 2009, el gasto público (nacional, provincial y municipal) ha subido 10% en términos del producto, pasando de alrededor del 33% al 43% del PBI. Se ubica así en uno de los niveles más altos de la historia, superando incluso, los niveles de los tiempos de Gelbard. Y es también de los más altos de América Latina y del Mundo. Diez puntos del PBI que es lo que el estado gasta más hoy que hace diez años, significan actualmente la friolera de 40.000 millones de dólares, es decir, algo así como 155.000 millones de pesos. Tras bajar al 30% del producto luego de la devaluación 2001/2002, el modelo duhalde-kirchneristas hizo trepar las erogaciones públicas hasta los niveles actuales, y nada hace pensar que este indecoroso avance vaya a detenerse.

¿Y la contrapartida?

Claro, sería más fácil entender esta enloquecida carrera –tan enloquecida como en los tiempos menemistas- por aumentar los gastos y de paso, vaciar el bolsillo de los contribuyentes, si se observara en el proceso una mejorara en los servicios esenciales que presta el estado, y por ende, en la calidad de vida de los argentinos. Pero; ¿ha ocurrido eso? ¿Ha mejorado la seguridad ciudadana? ¿Ha mejorado la calidad de la educación pública? ¿Ha mejorado, salvo excepciones, la atención pública de la salud? ¿O la eficiencia de la justicia? ¿Se ha revertido la pobreza estructural, como lo ha hecho, digamos, Chile? ¿Se han logrado mejoras sustanciales en los ingresos de los jubilados, más allá de los maquillajes del INDEK? Obviamente, se trata de preguntas relativas, cuyas respuestas pueden ser matizadas. Pero dudo mucho que la mayoría de los argentinos responderíamos positivamente, sobre todo si relacionamos la calidad de estas prestaciones con el fabuloso aumento de los gastos estatales.

Las explicaciones vienen por otro lado; la maraña clientelista de los programas sociales, que a diferencia de lo ocurrido en Chile o Brasil, no terminan con la pobreza pero vuelven cautivos a sus beneficiarios de punteros y cacique. El entramado de subsidios a los servicios públicos que otorga a De Vido – y a Moreno - un poder faraónico sobre la economía y permite dar y quitar según el ”alineamiento”. Y mucho más.

La Fundación FIEL ha explicado también, en un reciente informe, otra de las causas de esta explosión fiscal: el empleo público. Para sorpresa de muchos –entre los que me incluyo- FIEL ha mostrado que el empleo público en Argentina (incluyendo nación, provincias, municipios y empresas del estado), creció entre 2002 y 2009 más del 30%.

Hay cerca de 950.000 nuevos empleados públicos. Provincias y Municipios han aportado el grueso de las incorporaciones; un poco más de 80.000. Con algunos casos verdaderamente impactantes como las provincias de Tierra del Fuego, Sgo. del Estero, Corrientes o Catamarca en donde el número de empleados oficiales creció (en 7 años, recordemos más del 70%), la rica y kirchnerista Santa Cruz en donde el aumento fue del 60%, o la populosa Buenos Aires, con un incremento del 55%, como para desmentir que el aumento solo se da en la provincias chicas o pobres. Solo estados como Santa Fe y Córdoba, mantuvieron niveles “razonables” e inferiores al 30% de aumento de la planta de personal.

Argentina se ubica hoy entonces, entres lo países con mayor cantidad de empleados públicos del mundo en relación al total de empleados, con un porcentaje superior al 20% (1 de cada cinco ocupados, lo hacen para el sector público), lo que duplica el promedio de países como Alemania y la socialista España, y triplica el estados como Japón o Suiza.

Podrá decirse que el hecho que haya más empleados público no significa más en si mismo. Pero aquí caben las mismas preguntas anteriores; ¿en que mejoró la vida de los argentinos, en lo que depende del estado por estos incrementos? La respuesta es cuando menos, confusa, lo que resulta impactante considerando la magnitud de los números mencionados.

Quizás el problema de fondo es que en nuestro querido país, el estado, el sector público en sentido amplio, ha dejado de estar a beneficio de los ciudadanos y es en cambio funcional a los intereses del sistema político y de las corporaciones. Algo así como el mundo al revés.

Gerardo Bongiovanni es Presidente de la Fundación Libertad de Rosario y Director Ejecutivo de la Fundación Internacional para la Libertad.