El pelotazo en profundidad que Kirchner le tiró a los jueces con relación a los temas de inseguridad y a la tendencia judicial a liberar presos y procesados –que hoy profundizó Randazzo- tiene su parte de razón y su parte de “lavado de manos”.

Es cierto que los jueces podrían hacer uso de su discrecionalidad al revés y en la duda fallar a favor de la sociedad inocente y honesta y mantener a los delincuentes que dejan un margen de duda en la cárcel. Pero también es cierto que es el poder político el que comenzó con la tendencia populista y criminal de despenalizar el delito y liberar a los delincuentes mediante el cambio de paradigma en la legislación penal que comenzó con Raúl Alfonsín y culminó con el mismísimo Néstor Kirchner nombrando en la Corte Suprema de Justicia a un liberador serial de delincuentes y empleador de ex convictos como el Juez Zaffaroni.

La Justicia mal entendida podrá haber hecho abuso de esas herramientas pero ellas no son de su creación: esos institutos nacieron de la demagogia de la política.

La otra cuestión fundamental que muchas veces se olvida en estos análisis y que también depende de decisiones del poder administrador y no del judicial es la construcción de cárceles.

Hoy en día se calcula que hay unos 35000 delincuentes que están libres quienes, si hubiera lugar físico donde ponerlos, deberían estar encerrados.

La construcción de cárceles e institutos reformatorios de menores es un hecho políticamente incorrecto. No sabemos de dónde viene esa “incorrección” porque el 90% del país está pidiendo a gritos que la zozobra de la inseguridad se termine de una vez. Pero hay que admitir que entre los políticos se cree que no es redituable electoralmente el hablar de construir cárceles. Seguramente le tendrán miedo a los desaforados de la izquierda que han hecho de la eliminación del derecho penal una bandera: suena lógico porque la izquierda siempre ha tenido una predilección por la violación de la ley y debe sentirse identificada con quien la viola para cometer delitos.

Pero sea como fuere, el tema de construir cárceles es un tema tabú en la política y, en realidad, es de los que debería estar hablándose en primer lugar porque el tema de la inseguridad en la Argentina se ha convertido, en gran medida, en una cuestión física. Mientras los jueces no tengan lugar adonde albergar delincuentes, se valdrán de las discrecionalidades de la ley para dejarlos libres.

Hoy en día la tecnología de construcción de cárceles llave en mano está muy avanzada. En los Estados Unidos (con perdón de la palabra) existen varias empresas que se comprometen a construir cárceles terminadas en tres meses e incluso existen otras que dan la opción de administrarlas privadamente bajo control estatal.

Si se quisiera realmente encarar el tema empezando por el principio (esto es, disponer de lugar físico para alojar delincuentes que no queden libres) los caminos están abiertos para hacer los contactos con esas empresas, aprobar la compra llave en mano de siete u ocho cárceles por razones de urgencia (sería una buena razón para emitir un decreto con una necesidad verdadera) y empezar a contar con los elementos físicos que permitan luego discutir las abstracciones jurídicas de la ley.

Hoy en día tirarse la pelota entre el Ejecutivo y el Judicial por los delincuentes sueltos es una discusión bizantina porque, aunque la Justicia dejara de aplicar sus criterios liberales en materia de excarcelación y libertad condicional, no habría lugar adonde poner a los delincuentes.

Entonces, muchachos, dejemos de poner excusas que todos sabemos que el único resultado práctico que tienen es dilatar la solución del problema y mantener a la gente sumida en el miedo. Si es verdad que por primera vez desde 2003 los Kirchner han aceptado que la inseguridad es un problema que hay que resolver, que nos cuenten cuántos establecimientos se planean construir de aquí a los próximos meses para que su reclamo de que la Justicia no libere delincuentes pueda cumplirse de verdad.